Fredy O. Torres C.
Análisis Tributario · Mayo 2026

Auto de suspensión provisional del Decreto 572 de 2025

Por Fredy Orlando Torres Cárdenas Contador Público · Revisor Fiscal Publicado: 8 de mayo de 2026

Conclusión Ejecutiva

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025, es decir, las normas que modificaban varias bases y tarifas de retención en la fuente y autorretención a título del impuesto sobre la renta. No suspendió el artículo 1, relacionado con la retención sobre CDAT.

La consecuencia práctica más importante: desde la suspensión provisional deben aplicarse nuevamente las normas anteriores que habían sido sustituidas por los artículos 2 a 8. No se eliminan las retenciones ni las autorretenciones, sino que se vuelve al régimen anterior para las materias suspendidas.

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Qué decidió exactamente el Consejo de Estado

El auto resolvió tres cosas principales:

Suspender provisionalmente los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025.

Negar la suspensión del artículo 1 del Decreto 572 de 2025.

Aclarar que, por efecto de la suspensión, se aplican las normas sustituidas por los artículos 2 a 8.

La suspensión fue parcial, no total. El decreto no desapareció por completo.

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Alcance de los artículos suspendidos

Los artículos suspendidos afectaban, en general, el régimen de retención y autorretención sobre renta. El Decreto 572 había modificado, entre otros aspectos, bases mínimas de retención, tarifas sobre ciertos conceptos y la tabla de autorretención por actividad económica.

El artículo 8, por ejemplo, sustituía el artículo 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016 y establecía que la autorretención se liquidaría sobre cada pago o abono en cuenta, según actividad económica y tarifa correspondiente.

Impacto principal La parte más sensible era la autorretención especial a título de renta: para muchas actividades económicas el Decreto 572 había incrementado tarifas, afectando directamente el flujo de caja de los contribuyentes.
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Fundamento jurídico de la suspensión

El Consejo de Estado no dijo, todavía, que el Decreto 572 sea nulo. Lo que hizo fue un análisis preliminar de legalidad, propio de una medida cautelar de suspensión provisional. Este análisis no reemplaza la sentencia definitiva, sino que busca evitar que un acto administrativo siga produciendo efectos cuando, preliminarmente, se advierte posible infracción de normas superiores.

El punto central fue la motivación insuficiente e inadecuada de los artículos 2 a 8. El despacho reconoció que el Gobierno sí tiene competencia para fijar tarifas de retención y autorretención, pero esa competencia no es absoluta: debe ejercerse con una motivación suficiente, adecuada y técnicamente soportada.

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La razón principal: falta de soporte técnico suficiente

El Consejo de Estado encontró que los considerandos del Decreto 572 contenían afirmaciones generales sobre:

  • Necesidad de agrupar actividades económicas
  • Existencia de brechas entre impuesto a cargo y retenciones practicadas
  • Supuestas mejoras económicas de varios sectores
  • Eficiencia en el recaudo
  • Conveniencia de ajustar tarifas y bases
Corazón de la decisión Esas afirmaciones no estaban acompañadas de evidencia cuantificable suficiente, ni de proyecciones, simulaciones o análisis detallados que permitieran verificar que los incrementos obedecían realmente a criterios técnicos y a los parámetros del artículo 365 del Estatuto Tributario. El problema no fue simplemente que el Gobierno subiera tarifas, sino que no justificó adecuadamente por qué esas tarifas y bases eran razonables frente a cada sector o actividad.
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El papel del artículo 365 del Estatuto Tributario

El artículo 365 permite al Gobierno establecer retenciones en la fuente para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta. También indica que los porcentajes deben tomar en cuenta la cuantía de los pagos o abonos, las tarifas vigentes del impuesto y los cambios legislativos que incidan en esas tarifas. Para "otros ingresos tributarios", el porcentaje máximo de retención es del 4,5%.

El Consejo de Estado interpreta que esta habilitación legal le impone al Gobierno una carga de motivación: el Gobierno puede fijar tarifas, pero debe explicar y soportar técnicamente por qué esas tarifas son proporcionales, razonables y coherentes con el impuesto que pretenden anticipar.

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Por qué no se suspendió el artículo 1 sobre CDAT

El artículo 1 del Decreto 572 equiparó la retención aplicable a los rendimientos de los CDAT con la de los títulos de renta fija, como los CDT, para eliminar arbitrajes regulatorios. El Consejo de Estado consideró que la motivación sí era razonable, porque buscaba dar igual tratamiento a ingresos de naturaleza similar: rendimientos financieros.

Por eso, la retención sobre CDAT sigue vigente bajo la regla del Decreto 572, salvo que más adelante la sentencia de fondo diga otra cosa.

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Lo que el auto no decidió

El auto no resuelve de fondo si el Decreto 572 es nulo o no. Tampoco decide definitivamente si hubo violación de principios como equidad, progresividad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad, confianza legítima o separación de poderes.

Varios de esos análisis requieren un estudio de fondo que corresponderá a la sentencia definitiva. En esta etapa cautelar, bastó con encontrar preliminarmente una motivación insuficiente frente a los artículos 2 a 8.

Tampoco se centró en probar perjuicios económicos o afectaciones de liquidez, porque el proceso es de simple nulidad, no de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Efectos tributarios prácticos

A. Para retenciones y autorretenciones futuras

Desde la suspensión provisional, para los artículos 2 a 8, deben aplicarse las normas anteriores que habían sido sustituidas por el Decreto 572. En la práctica, los contribuyentes, agentes de retención y autorretenedores deben:

  • Revisar parametrización de software contable
  • Ajustar tarifas de autorretención por actividad económica
  • Revisar bases mínimas de retención
  • Separar correctamente operaciones anteriores y posteriores a la suspensión
  • Documentar el cambio normativo en papeles de trabajo

B. Para períodos ya causados antes de la suspensión

El auto no declara nulidad, sino suspensión provisional. Las obligaciones causadas antes de la suspensión se liquidan con la norma vigente en ese momento, salvo que una sentencia definitiva posterior disponga efectos retroactivos. Para períodos como enero, febrero, marzo y abril de 2026, si no se presentaron oportunamente, el criterio conservador es liquidarlos con las tarifas del Decreto 572.

C. Para mayo de 2026

Mayo requiere especial cuidado. La providencia es del 7 de mayo de 2026, por lo que puede presentarse una situación mixta:

Antes del auto Operaciones causadas antes de la suspensión: criterio conservador, tarifa Decreto 572.
Después del auto Operaciones causadas después de la suspensión: tarifas anteriores, por aplicación de las normas sustituidas.

Conviene revisar fecha de pago o abono en cuenta, fecha de causación contable y fecha de exigibilidad de la autorretención.

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Impacto para empresas autorretenedoras

El impacto más relevante es de flujo de caja. Las empresas que venían aplicando tarifas incrementadas por el Decreto 572 podrían tener una menor carga mensual de autorretención hacia adelante, porque vuelven las tarifas anteriores en los artículos suspendidos.

Esto no significa una reducción del impuesto de renta final. Significa que se reduce el anticipo vía retención o autorretención. La renta anual se seguirá liquidando conforme a las reglas sustanciales del impuesto de renta aplicables.

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Riesgos y recomendaciones profesionales

01

No corregir automáticamente declaraciones anteriores

No se recomienda corregir automáticamente declaraciones de autorretención ya presentadas bajo el Decreto 572 antes de la suspensión. La suspensión no equivale a nulidad retroactiva. Primero debe evaluarse si hubo pago en exceso, si existe posición jurídica razonable y si la eventual corrección puede generar contingencia frente a DIAN.

02

Parametrizar inmediatamente tarifas anteriores

Para períodos posteriores a la suspensión, sí debe actualizarse la parametrización de retención y autorretención, aplicando las normas sustituidas por los artículos 2 a 8.

03

Dejar soporte en papeles de trabajo

Conservar copia del auto y dejar una nota técnica interna indicando: fecha de la providencia, artículos suspendidos, tarifas aplicadas antes y después, criterio usado para operaciones de mayo, responsable de la parametrización y evidencia de revisión de cada actividad económica CIIU.

04

Advertir a clientes que no es una nulidad definitiva

Es importante explicar a los clientes que la decisión es provisional. La sentencia final puede confirmar la ilegalidad, negar la nulidad o modular efectos.

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Criterio profesional resumido

Situación Tratamiento recomendado
Autorretenciones antes del autoAplicar Decreto 572, criterio conservador
Autorretenciones posteriores al autoAplicar normas anteriores sustituidas
Artículos 2 a 8Suspendidos provisionalmente
Artículo 1, CDATSigue vigente
Declaraciones ya presentadasNo corregir automáticamente
Declaraciones no presentadas de meses anterioresLiquidar con norma vigente en el mes causado
Sentencia definitivaPendiente; puede cambiar efectos

Conclusión Profesional

El auto representa un freno importante al incremento de retenciones y autorretenciones introducido por el Decreto 572 de 2025. La decisión no se fundamenta en que el Gobierno carezca totalmente de competencia, sino en que, para el Consejo de Estado, el Gobierno no motivó de manera suficiente y técnicamente verificable los cambios en tarifas y bases de retención y autorretención.

Desde el punto de vista tributario, la consecuencia inmediata es que los contribuyentes deben volver a aplicar las normas anteriores para las materias reguladas en los artículos 2 a 8. Sin embargo, para períodos anteriores a la suspensión, lo más prudente es mantener la aplicación del Decreto 572, salvo que exista una sentencia definitiva, doctrina oficial o una estrategia jurídica particular que permita sostener un tratamiento diferente.

Nota profesional: Este contenido tiene finalidad informativa y pedagógica. La aplicación concreta debe revisarse con los soportes de cada contribuyente, el período declarado, la fecha de causación y las instrucciones vigentes de la DIAN o de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fuentes consultadas

  • Auto del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional parcial del Decreto 572 de 2025.
  • Decreto 572 de 2025 y Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.
  • Artículo 365 del Estatuto Tributario.